La gran promesa frustrada del 1868 español. «Las huellas de la ´Gloriosa´», de Tomás Ramón Fernández. Editorial lustel, 2026

Desfile tras la Revolución de 1868. Óleo de J. Sigüenza y Chavarrieta

 

1.- Resulta un hecho notorio que “El Sexenio” (democrático o revolucionario, que los dos adjetivos caben) es tenido, no sin razón, como un fiasco: una frustración, porque empezó entre grandes expectativas (28 de septiembre de 1868) y, lejos de satisfacerlas, en poco tiempo -2 de enero de 1874- pasó a quedar en nada. Un paréntesis, igual que casi medio siglo antes lo había sido el Trienio Liberal (1820-1823), con la diferencia de que de este segundo fracaso no se podía culpar a invasión extranjera (“reaccionaria”) alguna.

Recordemos, aunque sea de manera innecesaria para el lector ilustrado, algunos datos históricos. En septiembre de 1868 llegó a su término el reinado de Isabel II (La de los tristes destinos, como la llamó Benito Pérez Galdós: ni tan siquiera había cumplido los 38 años pero ya estaba más que amortizada hacía tiempo), tras el estallido de un conflicto universitario por la libertad de expresión, la noche de San Daniel, de 10 de abril de 1865, siendo González Bravo Ministro de Gobernación y con Narváez al mando del Ejecutivo, y, el 22 de junio de 1866, ya bajo O’Donnell, de la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, que se ubicaba en lo que hoy es en Madrid la plaza de España. La brutal represión de ambas revueltas hizo inviable la continuidad del régimen, dando paso, tras la batalla de Alcolea -la de Córdoba, no la del Pinar, en Guadalajara-, a un Gobierno provisional presidido por el General Serrano, aunque con Juan Prim, ya de vuelta de México y Marruecos, como hombre fuerte. El 6 de diciembre se convocaron elecciones constituyentes por sufragio universal (lo que entonces se llamaba así, es decir, sólo el masculino), que se celebraron el 15 de enero, ya en 1869. Las Cortes se abrieron el 11 de febrero y dieron lugar a un texto que seguía proclamando la monarquía como forma política, aunque quedaba por seleccionar al candidato, lo que dio lugar a una pugna entre países que, con el Telegrama de Ems (julio de 1870) de por medio, terminó desembocando en la guerra franco-prusiana y, al cabo, en la batalla de Sedan.

Entre tanto, aquí las Cortes eligieron el 16 de noviembre de ese mismo 1870 a Amadeo de Saboya -de la dinastía que había liderado la unificación italiana-, que llegó a España el 31 de diciembre, con tan mala fortuna que el día anterior habían asesinado a su mentor, el citado Prim. Su reinado no fue particularmente feliz y duró poco más de dos años: hasta el 11 de febrero de 1873, dando paso a una República -la Primera- en la que se sucedieron cuatro Presidentes (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar) y teniendo que vender las minas del Río Tinto para tapar los agujeros del déficit, hasta que, ya en pleno debacle, el 2 de enero de 1874 entró en el Congreso (¿a caballo?) el Capitán General de Madrid, el famoso Pavía, y certificó el final de aquello.

 

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El 1874 fue escenario de una llamada “Dictadura republicana” a cargo de nuevo de Serrano, que desembocó, el 29 de diciembre, en el pronunciamiento de Sagunto por el General Martínez Campos en favor de Alfonso XII, el hijo de Isabel II: la llamada restauración, que si duró casi cincuenta años (pese al 98 -no hace falta decir de qué siglo- la semana trágica de 1909, la revolución de 1917 y todas las calamidades que son conocidas) fue precisamente por el pésimo recuerdo que había dejado el Sexenio, en el seno del cual se había desatado no ya una guerra civil, sino tres: la de Cuba, la de los carlistas y, ya el remate, la de los cantones. La opinión pública de 1874 quedó, en efecto, escarmentada: experimentos tan gloriosos como el de 1868, ni uno más, por favor.

De Tomás Ramón Fernández, al igual que de Alejandro Nieto, puede decirse que es mucho más que un especialista (de postín) en Derecho Administrativo. Ha dedicado tiempo a estudiar nuestro siglo XIX y sobre el reinado de Isabel II tiene escritos en los últimos años dos libros de primerísimo orden. Ahora le ha tocado el turno al Sexenio y, aunque la suya es una perspectiva general, donde ha puesto el foco es en las normas -de un liberalismo llevado al límite- que se fueron aprobando en esa época (sobre todo, en el inicio: el trimestre último de 1868) y que, en no pocas ocasiones, supieron sobrevivir al desastre (en algún caso, incluso llegando hasta hoy, más de siglo y medio después, que tiene mérito). Lo hace estructurando el relato en base a personas y en concreto seis de ellas, que no son ninguno de los protagonistas de la época -los que hasta ahora se han ido enumerando- sino lo que en terminología de Hollywood se llamarían actores de reparto. Y que, por orden de aparición en escena, son:

 

 

1) Práxedes Mateo Sagasta, Ministro del Gobierno provisional y que fue el mentor de importantísimas disposiciones sobre lo que hoy llamaríamos la jurisdicción contenciosa y el régimen local (es decir, provincias y municipios): Decretos de 13 y 21 de octubre, siempre en el citado 1868.

2) Manuel Ruiz Zorrilla, padre, como Ministro de Fomento de las disposiciones sobre obras públicas (14 de noviembre) y sobre minas (29 de diciembre). Y eso sin contar con su papel posterior, en 1870, en la Ley de vientres, o de abolición (parcial y progresiva) de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, aun cuando la autoría se le suele atribuir a Segismundo Monet.

3) Laureano Figuerola, que el 10 de octubre de 1868 dio a luz la peseta, que se dice pronto. Y que, como Ministro de Hacienda, aún tuvo tiempo de aprobar -ya en 1869, el 12 de julio- un Arancel que redujo las dosis de proteccionismo existentes hasta entonces: se conoce que las industrias catalanas -las de su tierra- no pudieron evitarlo.

4) Gabriel Rodríguez (“el hombre que no quiso ser Ministro” y ello porque “vive de su trabajo”), pero que era tenido como el líder intelectual en lo relativo al pensamiento económico.

5) José Echegaray y Eizaguirre, que fue Ministro antes de Amadeo, con él y después, entre otras muchísimas cosas (y, en los ratos libres, literato que ganó el premio Nobel). La obra normativa en la que el libro se fija cuando habla de él consiste en la Ley de 11 de octubre de 1869, sobre libertad de banca y sociedades de comercio y, ya en 1874, o sea, en el ínterin entre Pavia y Martínez Campos, el Decreto-Ley de 18 de marzo, que otorgó al Banco de España por treinta años el monopolio de emisión de billetes. En realidad, no había alternativa, por lo dramático del momento, según confiesa el Preámbulo: “Abatido el crédito por el abuso, agotados los impuestos por vicios administrativos, esterilizada la amortización por el momento, forzoso es acudir a otros medios para consolidar la deuda flotante y para sostener los enormes gastos de la guerra (…). En tan críticas circunstancias, (…) el Ministro que suscribe se propone crear (…) un Banco Nacional, nueva potencia financiera que venga en ayuda de la Hacienda pública”.

6) Por supuesto, Eugenio Montero Ríos, al que no le viene nada grande el calificativo de “gran legislador de la Revolución”. Baste recordar el elenco: Poder Judicial, Código Penal, gracia del indulto, Registro Civil, matrimonio civil, leyes todas ellas de 1870, y Enriquecimiento Criminal, ya en 1872.

 

 

Seis personalidades muy distintas, pero con un punto en común, una formación académica de primer orden. Tres de ellos, Sagasta, Rodríguez y Echegaray, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de los de la Escuela -hoy en la Universidad Politécnica de Madrid- que había sido creada en 1802.

Y otro rasgo generalizado: el protagonismo que, para bien o para mal, tuvieron luego, durante la restauración. Recuérdese que Sagasta fue, con Cánovas, el hombre clave de la primera etapa. Y que, en el Tratado de París de 1898, al que (para su desgracia) le tocó el turno de representar a España no fue otro que Montero Ríos.

Tomás Ramón Fernández no es, dentro del planeta de los estudiosos del derecho, eso que se conoce como un formalista, aunque a veces, en su epistolario cruzado con Alejandro Nieto, se viese en la tesitura de poner los puntos sobre las íes sobre cuestiones tan básicas en el Estado de Derecho como la vigencia de las disposiciones. Pero eso no significa que ignore que las normas -como, en general, cualquier otra cosa, incluidas las personas- no son ajenas a sus circunstancias, que diría Ortega. En palabras de un físico, las condiciones, siempre cambiantes, de presión, humedad y temperatura en las que se desarrolla su existencia. De ahí la atención que dedica a la mentalidad dominante en la sociedad española de la época y los entretenimientos de los momentos de ocio: las páginas finales se dedican a los toros y el teatro (incluyendo la zarzuela), por cierto con gran conocimiento de causa.

El libro es, en suma, una reivindicación del Sexenio: no todo fue tan malo y, en particular en lo que hace a las normas que se aprobaron, se pone de relieve que hubo gran cantidad y, en muchos casos, una grandísima calidad.

 

 

Haciendo ahora una reflexión más general, y pensando ya en términos europeos, cabe recordar que las revoluciones de 1848 se terminaron quedando en mucho menos de lo que auguraban Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de ese mismo año. En cierto sentido, otro fiasco, pudiendo valer como referencia la triste suerte de la Paul Verfassung de Frankfurt. Igual es que el sustrato sociológico y económico -la industrialización, en suma- aún se encontraba muy verde. Pero lo cierto es que en las dos décadas siguientes, los años cincuenta y sesenta, todo se aceleró, pudiendo invocarse como elemento de prueba la expansión de la red de caminos de hierro  (estamos en la era del rail) y también los cambios en el mapa de las ciudades, como las reformas de Haussmann en el París de Napoleón III. Y sucede que esos fenómenos nunca dejan incólumes a los marcos mentales dominantes -piénsese en la Francia, incluso rural, que Flaubert describe en Madame Bovary– y, en última instancia, inciden en los regímenes políticos. Hay que recordar, siempre a título de ejemplo, lo que sucedió entre Austria, Prusia y Hungría (y luego también Francia) en esa época y que terminó haciendo que el mapa final de 1870/1871 fuese del todo nuevo.

España iba con retraso, tanto en lo económico como en lo que tiene que ver con los hábitos sociales. Tomás Ramón Fernández recoge unos datos de Tuñón de Lara que resultan estremecedores. Pero también se iba desplegando la red ferroviaria (a Córdoba en 1859 y de ahí a Málaga en 1865, por poner la atención en Andalucía, aun sabiendo que en 1870 sólo teníamos en total 5.250 kilómetros, frente a los 15.500 de Francia o los 18.800 de los Estados alemanes) y se aprobaban planes de ensanche para las ciudades. Cerdá (Barcelona) y Castro (Madrid) en 1860, o Cortázar (San Sebastián) en 1864. El ambiente también iba poco a poco cambiando, como recogieron Clarín (Ana Ozores, La regenta) y, en su Fortunata y Jacinta, el citado Galdós.

Está muy extendida la idea (de Melchor Fernández Almagro, por ejemplo, que por supuesto recoge el autor del libro objeto de estas líneas) de que la Gloriosa, con sus ínfulas de libertad económica (y de libertad sin apellidos) llegó tarde y ahí estuvo precisamente la causa del fracaso del Sexenio. Pero igualmente cabe dar pábulo a la opinión inversa: que, atendido en lo económico lo raquítico de la demanda en España, quizás es que 1868 era demasiado pronto para que la oferta se desarrollase en plenitud, por mucho que formalmente (o sea, desde el punto de vista normativo) las puertas se le abrieran de par en par. Es como el huevo y la gallina: nunca sabe uno donde está la causa y dónde el efecto. O quizá es que, aunque a los estudiosos nos gustaría que la realidad se mostrase más sencilla, ambas cosas se entreveran y retroalimentan.

Un libro, en suma, para estudiar. Con un lápiz en la mano y para ir subrayando y tomando notas. Gracias al autor.